| INTRODUCCIÓN
La familia es la institución fundamental de nuestra convivencia,
nuestra sociedad y nuestro país. La gran mayoría de
los españoles vivimos en una familia: 38.848.133 de una población
total de 39.852.651 habitantes[1]. Asimismo, los españoles
otorgamos sistemáticamente la máxima valoración
a la familia: 9'37 sobre una escala de 1 a 10, por encima del bienestar
económico, el trabajo, los amigos, la religión o la
política. La incorporación de la mujer al mercado
de trabajo, el descenso de la natalidad y el envejecimiento progresivo
de nuestra población son cambios reales, y el éxito
del futuro de esta nueva sociedad depende de que las familias puedan
desarrollar libremente el papel que les corresponde.
Es pues una obligación de la Administración del Estado
apoyar a las familias españolas, desarrollando políticas
que faciliten su estabilidad, calidad de vida, autonomía
y bienestar y que, en consecuencia, eliminen al máximo posible
los obstáculos o dificultades que afectan directamente a
las familias.
La Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral aprobada
en 1999, la aprobación del "coste cero" para las
cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de sustitución
por maternidad, la reforma del IRPF del año 1999 y la mejora
de la protección familiar de la Seguridad Social son una
muestra de que el Gobierno ya ha venido situando a la familia como
eje de su labor.
Esta acción debe ser ahora no sólo continuada sino
intensificada. Con tal objetivo se pone en marcha el Plan 2001-2004,
que contiene medidas para avanzar en la efectiva conciliación
de la vida familiar y laboral, mejorar la calidad de vida familiar
y garantizar el principio de continuidad demográfica o relevo
generacional. No se trata en ningún caso de hacer políticas
que interfieran en la vida de las familias, sino de facilitar que
éstas puedan tener la seguridad y estabilidad necesarias
para tomar sus propias decisiones.
El Plan Integral de Apoyo a la Familia presenta una estrategia
integral que se estructura en cuatro grandes objetivos:
1) Incrementar la calidad de vida de las familias,
2) Fomentar la solidaridad intergeneracional,
3) Apoyar a la familia como garante de la cohesión social
y
4) Prestar apoyo a las familias en situación de riesgo social
y otras situaciones especiales. Varios Ministerios participan en
su diseño y en la ejecución de un Plan que tiene en
cuenta las necesidades de las familias y valora el papel que éstas
llevan a cabo en nuestra sociedad.
España es un país con una de las tasas de fecundidad
más bajas del mundo, siendo 1'07 el número medio de
hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil (15-49 años)
a lo largo de su vida[2]. Esta cifra confirma la caída de
la natalidad que se ha venido produciendo en nuestro país
desde mediados de los años 70. De hecho, el umbral de reemplazo
generacional (2'1) no se alcanza desde 1981.
En los próximos años no cabe esperar un gran aumento
de la fecundidad. Entre las mujeres en edad fértil, sólo
un 49% de las que actualmente tienen un hijo manifiestan tener intención
de tener más en el futuro. Entre las que tienen ya dos hijos,
este porcentaje baja al 6%, y entre las que tienen tres hijos, un
99% no tiene intención de tener más. Pese a que mayoritariamente
la opción por la que se pronuncian los españoles como
número ideal de hijos sigue siendo la de tener dos, se observa
una tendencia creciente hacia la familia de un sólo hijo[3].
Sin embargo, las respuestas de las mujeres que no tienen hijos,
sobre cuántos les gustaría tener ofrecen la esperanza
de un posible aumento de la natalidad. Mujeres de edades que van
de los 15 a los 34 años afirman que les gustaría tener
una media de 1,75 hijos[4]. Como estos grupos de edad son los que
van a influir decisivamente en el nivel de fecundidad de los próximos
años, si las preferencias se llevan a la práctica
cabría esperar un cierto aumento de la natalidad, aunque
sin alcanzar el nivel de reemplazo generacional. No se trata por
tanto de poner en marcha políticas puramente natalistas,
sino de dar el apoyo suficiente para que las familias puedan tener
los hijos que deseen.
Cerca de la mitad de los ciudadanos (un 47%) consideran que tienen,
en líneas generales, menos hijos de los que desearían[5].
Esto indicaría que existen obstáculos ajenos a la
propia voluntad de las parejas para elegir la dimensión de
su familia. El hecho de tener un solo hijo, opción muy frecuente,
parece una solución para cumplir con el deseo de maternidad
y paternidad, pero el ideal de familia incluye más hijos
y tener sólo uno es una solución de compromiso que
permite mantener otras exigencias[6].
Respecto a las razones principales por las que algunas parejas
no quieren tener hijos o tienen menos de los que en realidad desean,
las que se mencionan con más frecuencia son las razones económicas
(83%), cargas que implican los hijos (28%), que la mujer trabaja
fuera de casa (22%) y el pesimismo ante la situación económica
y social (17%)[7].
Según la encuesta del CIS realizada en 1998, para el conjunto
de los ciudadanos, las medidas más eficaces para incrementar
la natalidad serían "dar una ayuda especial a las familias
con más de dos hijos" (mencionada en primer lugar por
un 42%, y en segundo lugar por un 25%), "mayores deducciones
por los hijos en los impuestos" (24 y 20% respectivamente),
" promover el trabajo a tiempo parcial de las mujeres con hijos"
(14 y 17%), y "aumentar el número de guarderías
en los centros de trabajo" (6 y 13%).
Así pues, la mejora de la situación económica
tiene sin duda un efecto positivo sobre la decisión de las
familias de tener hijos.
Por otro lado, todos los datos indican que nuestra población
tiene una tendencia acusada al envejecimiento. El incremento de
la proporción de personas de 65 o más años
sobre el total de la población nacional ha sido de 16,5%
en 1999 y será aproximadamente un 18% en 2010, cerca del
22% en 2025, y alrededor del 30% en 2040[8]. Datos a los que habría
que añadir el incremento de la esperanza de vida al nacer
(81,32 años para las mujeres; 73,44 años para los
hombres, 1996). Así, unas unidades familiares cada vez más
reducidas en cuanto a su composición, tendrán que
hacer frente de manera creciente a problemas de dependencia.
La labor de cuidado de personas dependientes, tanto mayores como
niños y discapacitados, ha venido recayendo tradicionalmente
en las mujeres. La progresiva incorporación de éstas
al mercado de trabajo exige incrementar los servicios de apoyo que
faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Pese a que en los últimos años se ha producido una
mejora general del empleo y la ocupación para las mujeres[9],
aún estamos lejos de alcanzar los niveles medios existentes
en los países de nuestro entorno[10]. La incorporación
de la mujer española al mercado de trabajo todavía
está en fase de expansión, por lo que debemos aumentar
los servicios de apoyo familiar e introducir fórmulas flexibles
que permitan compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares,
no sólo de las mujeres, sino también de los hombres,
puesto que el nuevo modelo de relaciones familiares implica una
asunción conjunta de las responsabilidades familiares por
parte de la pareja.
El ideal de familia igualitaria, es decir, ambos trabajando y compartiendo
tareas domésticas, es mayoritario; sin embargo, en la realidad
cotidiana de las familias españolas se produce, mayoritariamente,
un reparto desigual de tareas y responsabilidades entre el hombre
y la mujer. Esta desigualdad en el reparto de las tareas, que no
se comparten en la medida que debería en una sociedad avanzada
y que reclama una posición de igualdad para las mujeres,
es un obstáculo para la incorporación de la mujer
al empleo y su progreso profesional pero también para que
los padres vivan la paternidad.
A pesar de la tendencia a familias con un menor número de
hijos, en nuestro país existen un número de familias
(13%) que tienen tres o más hijos, o dos hijos y uno de ellos
con discapacidad y que, por tanto de acuerdo con la Ley 8/1998,
de 14 de abril, son familias numerosas. La sociedad española
se enriquece demográfica y económicamente del esfuerzo
de los padres y madres de familias numerosas y resulta preciso tener
en cuenta, que para estas familias el cuidado y educación
de los hijos implica una diferencia sustancial con el nivel de vida
de otras familias con menor número de hijos. Por ello las
familias numerosas deben recibir un apoyo diferenciado de aquellas
que no lo son, con objeto de que el hecho de tener un mayor número
de hijos no constituya en sí, una mayor carga y su realidad
sea tenida en cuenta en las políticas de apoyo a la familia.
Especialmente reseñable es también el caso de las
familias monoparentales, es decir, aquéllas en que un solo
progenitor (la madre con carácter general) asume en solitario
las cargas familiares (por viudedad, por separación o divorcio
o por maternidad de madre soltera). Este tipo de familia se ha incrementado
en España de manera progresiva en los últimos años,
sobre todo debido al aumento de los casos de separación o
divorcio. Algunos estudios sitúan en algo más del
8% los hogares monoparentales (padre o madre solos que conviven
con hijos menores) sobre el total de núcleos familiares con
hijos menores de 18 años. Estas familias requieren de un
apoyo adicional y específico ya que presentan mayores dificultades
de conciliación entre trabajo y familia y mayor riesgo de
exclusión social.
Apoyar a la familia significa también tener en cuenta los
fenómenos de la conflictividad familiar en sus distintas
vertientes (de pareja, entre padres e hijos, etc.). Desde la aprobación
de la legislación reguladora de la separación, el
divorcio y la nulidad matrimonial en 1981, se ha producido un incremento
gradual y progresivo de casos de rupturas matrimoniales en nuestro
país. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los
casos están implicados hijos menores de edad, cuyo interés
debe prevalecer, y que las responsabilidades parentales no se extinguen
con la ruptura de la pareja, parece conveniente apoyar la solución
pacífica de los conflictos. Por eso es importante proporcionar
recursos sociales de protección y apoyo a la familia en situación
de conflicto o ruptura, como los servicios de orientación
y/o mediación familiar, así como puntos de encuentro
familiar para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas
de los hijos por parte del progenitor no custodio.
Apoyar a las familias significa además atajar la violencia
familiar en sus distintas vertientes:
- Violencia entre la pareja, generalmente contra la mujer, incluyendo
violencia física, sexual, psicológica y económica.
- Maltrato a los niños/menores en el seno de la familia,
incluyendo maltrato y abandono físicos, maltrato y abandono
emocionales, explotación laboral y/o mendicidad, abuso sexual,
corrupción y maltrato prenatal.
- Maltrato a ancianos, incluyendo abandono y maltrato físico,
abandono y maltrato psicológico, abuso económico,
violación de los derechos del anciano, negligencia y abuso
sexual.
- Violencia de los hijos hacia sus padres, incluyendo conductas
tiránicas, de utilización y de desapego.
Es necesario por tanto potenciar las actuaciones frente a la violencia
familiar, así como los recursos sociales permanentes para
abordarla. Para ello debe continuarse la labor iniciada con el II
Plan Integral Contra la Violencia Doméstica aprobado en el
2001 y en ejecución hasta el 2004.
Apoyar a la familia significa además prestar una atención
específica a aquellas familias desfavorecidas, en situación
de dificultad o riesgo de exclusión social, el Plan Integral
potencia con ese objetivo mecanismos de intervención social:
prestaciones de la Seguridad Social, proyectos de inserción
sociolaboral, programas para la educación familiar y atención
de familias desfavorecidas y en situación de riesgo.
Este documento expone las principales líneas de acción
y políticas del Plan Integral de Apoyo a la Familia y constituye
un documento vertebrador de medidas y actuaciones que vienen a dar
unidad a las políticas de atención y apoyo a las familias,
así como de reconocimiento de derechos que inciden en el
ámbito familiar.
La política familiar debe ser progresiva y continuada, por
ello el Plan contempla un horizonte temporal para su ejecución
desde el 2001 hasta el 2004 y la realización de las medidas
se enmarcan en las normas y reformas que durante este período
se van a llevar a cabo.
De esta manera, los contenidos del Plan Integral de Apoyo a la
Familia se configuran a la vez como punto de llegada de una serie
de medias emprendidas por el Gobierno en los últimos años,
como creación e impulso de las nuevas acciones que en él
se prevén, y como punto de partida de las futuras actuaciones
que el apoyo a la institución familiar va a ir reclamando
para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad.
El Gobierno desea que la sociedad participe en el desarrollo de
estas políticas; que todos los niveles de la Administración
se sientan implicados: el Estado, las Comunidades Autónomas,
los Ayuntamientos; que las organizaciones sociales, de voluntariado
y no gubernamentales aporten ideas y acción, para lo que
se establecerán los cauces institucionales adecuados.
Pero el Gobierno desea sobre todo que sean las propias familias
las que colaboren y aporten ideas y sugerencias, pues nadie mejor
que ellas mismas saben a qué dificultades se enfrentan y
cuáles son sus necesidades. Sus sugerencias sobre los objetivos
planteados en este plan y también sobre las políticas
concretas expuestas se podrán enviar a través de internet
a la página web cuya creación está prevista
en este Plan.
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II. OBJETIVOS
Los posibles campos de actuación que afectan a la familia
son múltiples y complejos. Resulta por ello imprescindible
definir correctamente unos objetivos prioritarios y unas líneas
estratégicas que permitan el mayor impacto posible de las
medidas que se puedan adoptar.
Los objetivos básicos que deben abordarse son:
1º. Incrementar la calidad de vida de las familias.
El objetivo prioritario del Gobierno es mejorar la calidad de vida
de todas las familias españolas, entendiendo por dicho concepto
no ya sólo el imprescindible desarrollo del nivel de bienestar
económico de nuestros hogares, sino también la promoción
de todos aquellos valores personales y sociales que la mayoría
de los españoles asocian a su ideal de familia: estabilidad,
autonomía, comprensión, acceso a la educación
y a la cultura.
2º. Fomentar la solidaridad intergeneracional.
El Plan incluye entre sus objetivos prioritarios el apoyo y fortalecimiento
de la familia y de sus miembros más débiles, para
que puedan afrontar, sin el quebranto de su calidad de vida, toda
una serie de cambios que se han producido en la esfera social, laboral
y demográfica. El Gobierno considera necesario actuar de
forma eficaz para, por un lado, fomentar las nuevas relaciones intrafamiliares,
y por otro, reducir las posibles rigideces de los sistemas legales
o fiscales que pudieran dificultar la adaptación de las familias
a las nuevas situaciones.
3º. Apoyar a la familia como garante de la cohesión
social.
Otro objetivo importante del presente Plan consiste en el reconocimiento
y la gratificación expresa de la labor solidaria que la familia
realiza dentro de la sociedad. Y lo quiere hacer de la mejor manera
posible: mediante la implantación progresiva de un entorno
jurídico y económico que favorezca y reconozca a las
familias españolas que asumen responsablemente esta función
de cohesión intra e intergeneracional de la que toda la sociedad
resulta beneficiada.
4º. Prestar apoyo a las familias en situación de riesgo
social y otras situaciones especiales.
Aunque la intención de este Plan se dirige a crear un entorno
más amable para la familia en general, el Gobierno no puede
olvidar la existencia de situaciones familiares especialmente difíciles
que exigen la adopción de medidas urgentes y específicas:
familias en situaciones de riesgo de exclusión social, familias
monoparentales, familias en situación de conflicto o ruptura,
familias en cuyo seno se produce violencia intrafamiliar.
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III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Todos los objetivos anteriores van a concretarse en diez líneas
estratégicas, y en una extensa batería de medidas.
Las diez líneas estratégicas son las siguientes:
Política Fiscal y de Rentas.
Mejora de las prestaciones de Seguridad Social por hijo a cargo.
Conciliación de la vida familiar y laboral.
Política de vivienda.
Favorecer el acceso a las familias a las nuevas tecnologías.
Revisión del Derecho de Familia.
Desarrollo de los servicios de orientación y/o mediación
familiar.
Apoyo a las familias en situaciones especiales.
Fomento de la participación social y el acceso a la cultura
de las familias.
Nueva Ley de protección a las familias numerosas.
1.- Política fiscal y de rentas.
La política fiscal desarrollada por el gobierno en los últimos
años ha buscado desde un primer momento mejorar el tratamiento
de la familia. Así lo ponen de manifiesto algunas de las
reformas acometidas en el Impuesto de Patrimonio (elevación
del mínimo exento de la vivienda habitual) o en el Impuesto
de Sucesiones y Donaciones (tratamiento concedido a la transmisión
por fallecimiento de la vivienda habitual), reducción del
impuesto de matriculación para las familias numerosas y sobre
todo, en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) realizada en 1999.
Que duda cabe, que el tratamiento fiscal que reciben las familias
en España va a depender fundamentalmente de cómo sean
tratadas en el IRPF, ya que es básicamente en este impuesto,
donde la renta de las personas físicas es gravada teniendo
en cuenta las circunstancias familiares del sujeto pasivo.
Sin ninguna duda, la reforma fiscal efectuada en 1999 del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias,
ha supuesto un punto de inflexión en la fiscalidad de las
familias en España.
Con la incorporación de un "mínimo vital",
con la que se declara la exención de un mínimo de
renta que varía según las circunstancias personales
y familiares del declarante, se asegura un nivel de renta digno
para el contribuyente, una vez que ha atendido a sus propias necesidades
y las de los sujetos que de él dependen.
Aunque los efectos de dicha reforma han sido notorios, el Gobierno
quiere impulsar una nueva reforma del IRPF. En el nuevo IRPF se
va a prestar una atención especial a la familia a través
de sus múltiples dimensiones. En concreto, el nuevo impuesto
incluirá, entre otros aspectos, el aumento de las reducciones
fiscales actualmente existentes, con el fin de compensar a las rentas
familiares en función de las cargas que soportan, y de favorecer
la formación de nuevos hogares independientes. Está
previsto introducir nuevas ayudas dirigidas a compensar a la madre
durante varios años después del nacimiento, incorporar
importantes beneficios vinculados al nacimiento de un tercer hijo
e incrementar las deducciones de los gastos derivados de la crianza
y atención de hijos menores de tres años. También
se prevé que el nuevo IRPF introduzca un nuevo mecanismo
que favorezca la reincorporación laboral de las mujeres que
hayan abandonado el mercado de trabajo.
Aunque el núcleo principal de medidas fiscales se concentren
en torno al IRPF, el Plan contempla la posibilidad de incorporar
algunas medidas adicionales en otras figuras tributarias.
Medidas:
En el marco de la próxima reforma del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas, las medidas que se introducen
son las siguientes:
Ayuda a las madres en los tres primeros años de maternidad.
Se aplicará sólo para la madre mientras tenga hijos
menores de tres años y sin límite por nivel económico.
Los primeros años de crianza de un hijo implican unos gastos
extra, por lo que se quiere ayudar a las familias a sufragar parte
de dichos gastos. Por eso, esta medida consiste en una compensación
por el coste económico y laboral de la maternidad, y será
compatible con la deducción por hijos.
Ayuda especial a las familias numerosas. Consistirá en una
compensación adicional a partir del tercer hijo.
Ayuda fiscal al empleo de familias con hijos. Cuando un trabajador
parado deje de percibir prestaciones por desempleo por reincorporarse
al mercado de trabajo, será compensado en el IRPF durante
el tiempo que le corresponde recibir prestaciones por desempleo.
Ayuda fiscal a las familias para cuidado de hijos y ascendientes.
Esta medida ayudará a las familias que, por tener hijos pequeños
o personas mayores o con discapacidad, necesitan la utilización
de centros de educación infantil o la asistencia de personal
contratado para colaborar en el cuidado de los hijos o de personas
mayores. Al mismo tiempo, con esta medida se crea empleo. También
se incluiría el gasto sanitario de las personas discapacitadas
y dependientes.
Mejora del tratamiento fiscal del alquiler de viviendas, que permita
aumentar la oferta y reducir el precio del alquiler estimulando
el arrendamiento del elevado número de viviendas que se encuentran
desocupadas.
Compensar las declaraciones del IRPF de los cónyuges en
los casos en que una sea negativa y otra sea positiva. Con esta
medida se evita, en la medida de lo posible, que una familia tenga
que realizar pagos adelantados a la Hacienda Pública en el
momento de liquidar el impuesto.
Instar a las CC.AA. a que lleven a cabo una actualización
del vigente valor máximo de 20 millones de pesetas, al que
alcanza la bonificación existente en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones para las transmisiones de la vivienda habitual. Esta
medida, instaurada en 1996, requiere su actualización periódica
para tener en cuenta la evolución de los precios.
Instar a las CC.AA. a que lleven a cabo una nueva reducción
en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
para los minusválidos con un grado de discapacidad igual
o superior al 65%.
2.- Mejora de las prestaciones de Seguridad Social por
hijo a cargo.
Las prestaciones de la Seguridad Social son un instrumento de primer
orden en toda política familiar, junto con la fiscalidad,
para la compensación de las cargas familiares.
A principios de 2000 se ha producido una actualización de
los importes de las asignaciones familiares por hijo a cargo no
minusválido menor de dieciocho años por vez primera
desde 1991, de la que se han beneficiado más de 800.000 familias.
Asimismo, se han introducido nuevas prestaciones económicas
de protección familiar para los supuestos de parto múltiple
y nacimiento del tercer o sucesivos hijos. Sin embargo es preciso
profundizar en la mejora del sistema de Seguridad Social de cara
a potenciar la eficacia y la intensidad protectora de sus prestaciones,
sobre todo para las familias en circunstancias más desfavorables
y con mayor número de hijos.
Medidas:
Ampliar el límite máximo de ingresos anuales establecidos
para tener derecho a las prestaciones económicas de pago
periódico por hijo a cargo. La Seguridad Social concede una
prestación económica de pago periódico por
cada hijo a cargo de las familias que se encuentren por debajo de
un determinado nivel de ingresos. Una ampliación en el límite
máximo de ingresos anuales permitirá un aumento sustancial
en el número de familias que se podrán beneficiar
de esta prestación.
Actualización de las cuantías de las prestaciones
económicas de pago periódico por hijo a cargo.
Incrementar la cuantía de la prestación económica
de pago único por nacimiento de hijo. Actualmente, la prestación
económica de pago único actúa como una ayuda
puntual de la Seguridad Social a aquellas familias que, teniendo
más de dos hijos y un nivel de renta inferior al umbral establecido,
tengan un nuevo hijo. Con esta medida, se incrementará la
cuantía de la ayuda económica única que percibirán
estas familias.
Extender el derecho a las prestaciones familiares por nacimiento
del tercer hijo y siguientes y por parto múltiple, a los
supuestos de adopción y acogimiento preadoptivo o permanente.
3.-Conciliación de la vida familiar y la vida laboral.
Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas,
con la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral,
han alterado sustancialmente el tradicional esquema de reparto de
responsabilidades familiares y laborales.
Aunque el punto de equilibrio ideal entre el ámbito familiar
y laboral puede ser muy diferente para unas personas y otras, y
responde en definitiva a la propia escala de valores y prioridades
vitales, su traslación a la vida real se ve a menudo condicionada
por la existencia de estructuras rígidas que impiden que
muchas familias puedan organizar sus actividades con libertad, con
desahogo y con una calidad de vida aceptable.
La creación de un marco más amable donde las familias
puedan organizar su vida tal y como desean, pasa necesariamente
por el compromiso y la participación de todos los sectores
institucionales implicados.
En primer lugar en las propias familias deben fomentarse actitudes
favorables para que las responsabilidades familiares sean compartidas
de manera equilibrada entre el hombre y la mujer.
En segundo lugar, es muy importante que las empresas, a través
de su propia actividad y de sus políticas de recursos humanos,
cooperen en la creación de un clima más favorable
a la conciliación del trabajo con la vida familiar.
También es importante que tanto los sindicatos como las
patronales, contribuyan a impulsar este cambio de sensibilidad que
debe penetrar toda la realidad laboral del país.
Por último, el Estado y todos los niveles de la Administración
Pública, a través de sus actividades de prestación
de servicios y de su capacidad reguladora, deberán asegurar
que tanto el hombre como la mujer puedan acceder al mercado de trabajo,
sin discriminaciones de ningún tipo y sin verse obligados
a abandonar sus responsabilidades familiares.
Con la aprobación de la Ley de Conciliación de la
Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras el Gobierno
ha lanzado una primera señal que deberá ser recogida
por el resto de los agentes y por este mismo documento. Aunque su
implantación ha supuesto un avance sustantivo en la legislación
de los permisos parentales y de paternidad, es necesario seguir
actuando en nuevas líneas.
Inicialmente, se debe tener en cuenta que la conciliación
de la vida familiar y laboral está muchas veces condicionada
por la existencia de oferta de servicios para el cuidado de niños.
Actualmente, la tasa de cobertura de estos servicios para niños
menores de tres años en España es todavía reducida.
En este sentido, el Gobierno quiere reforzar los esfuerzos que
en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
está realizando para incrementar la oferta de servicios públicos
y privados de atención infantil, ajustando sus características
a las necesidades actuales.
Este impulso a la extensión de los servicios de atención
a la primera infancia debe enmarcarse también en el desarrollo
de las directrices y recomendaciones para el empleo de la Unión
Europea, que se concretan en nuestro país a través
de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo del Reino
de España.
Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida y el descenso
en la natalidad se ha traducido en un aumento del peso relativo
de las personas mayores dentro del total de personas dependientes.
Las familias de las personas mayores dependientes realizan una
muy relevante función social al ser los principales proveedores
del apoyo que necesitan. Pero, recíprocamente, estas familias
han de recibir el apoyo institucional preciso para poder seguir
realizando esa función sin detrimento de su calidad de vida
no sólo económica, sino también emocional.
Por ello, el Gobierno quiere suministrar servicios diversificados
para las familias con personas dependientes (mayores, discapacitados,
enfermos crónicos, etc.) que contribuyan a crear unas condiciones
más favorables al desempeño de su función social
y que faciliten una mejor conciliación entre vida laboral
y responsabilidades familiares.
Medidas:
Desarrollo reglamentario de la Ley de Conciliación de Vida
Familiar y Laboral de las personas trabajadoras. Con el fin de mejorar
el cuidado de los hijos al tiempo que ofrece la posibilidad de que
los padres mantengan su vinculación con su puesto de trabajo.
En el marco presupuestario de las políticas activas desarrolladas
por el Instituto Nacional de Empleo:
Ampliar la ayuda de la Seguridad Social para que las mujeres desempleadas
sean contratadas después de su maternidad. La medida supone
ampliar a todas las mujeres desempleadas, suprimiendo el requisito
de "parada de larga duración", la bonificación
del 100% de la cuota empresarial durante un año cuando son
contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto.
Establecer una bonificación de la aportación empresarial
a la Seguridad Social para la contratación de padres y madres
solteros en situación de paro y con hijos a cargo.
Establecer una bonificación del 100% de la aportación
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante
un año en los supuestos de suspensión del contrato
de trabajo por maternidad cuando se produzca la reincorporación
de la mujer al puesto de trabajo.
Elaborar un "Código de buenas prácticas"
sobre conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas,
en colaboración con los Agentes Sociales.
Adaptar la normativa que regula la educación infantil al
entorno europeo. En particular, siguiendo dos líneas de actuación:
a) mejorando la calidad de los servicios y dando respuesta a las
necesidades asistenciales y educativas de los niños y al
bienestar social de las familias, b) adaptando la organización,
funcionamiento y atención de los centros, así como
la definición de los perfiles del personal especializado
que les atiende para responder a las necesidades de niños
y familias.
Incrementar los servicios de atención a la primera infancia
en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, con el fin de ampliar las redes de servicios que faciliten
la conciliación y extender gradualmente la oferta de plazas
públicas para niños y niñas menores de 3 años
hasta cubrir la demanda existente.
Incrementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos, el desarrollo de Servicios de:
Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, para la atención de
personas mayores y discapacitadas con autonomía funcional
limitada.
Estancias Diurnas y Estancias Temporales en Residencias para personas
mayores y discapacitadas dependientes, con el fin de facilitar la
conciliación de las tareas profesionales y domésticas
a sus familias.
Facilitar la prolongación de la vida laboral de los mayores
mediante la compatibilidad entre el trabajo y el cobro de una pensión
de jubilación. Se llevarán a cabo las modificaciones
legales necesarias que afecten a la regulación de la jubilación
parcial, de manera que se posibilite la compatibilidad entre el
cobro de una pensión de jubilación y el desarrollo
de actividades laborales.
4.- Política de vivienda.
El sector de la vivienda es, a un tiempo, uno de los sectores más
pujantes de nuestra economía, y uno de los mercados cuyo
funcionamiento tiene un mayor calado social. Y es que la vivienda
representa, con mucho, el capítulo más importante
del presupuesto de la mayor parte de las familias, y sobre todo,
de aquellas que tienen menor renta o un mayor número de hijos.
El análisis del comportamiento que ha seguido el mercado
de vivienda libre durante los años 1998-2000, apunta a la
existencia de una importante demanda potencial de viviendas de precio
moderado insatisfecha. Este hecho, unido a otros factores relacionados
con la coyuntura económica y la evolución de los precios,
apuntan a que el problema de la vivienda en España proceda
fundamentalmente del lado de la oferta.
El importante grado de descentralización que se ha alcanzado
en todos los ámbitos relacionados con la política
de vivienda y la planificación urbanística ha reducido
las competencias del Estado a las de coordinador y garante de la
cohesión territorial. El urbanismo y la política de
suelo, materia prima imprescindible para la construcción
de viviendas, es ya competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas,
por lo que la mayor parte de las acciones que puedan impulsarse
desde el Gobierno deberán centrarse fundamentalmente en la
búsqueda de la colaboración y el compromiso de las
Administraciones territoriales.
En este sentido, el Gobierno se ha propuesto actuar como impulsor
y catalizador para que se lleven a cabos las reformas necesarias
en materia de urbanismo y regulación del suelo que pudieran
incidir de forma indirecta en la oferta y el precio de la vivienda.
El Gobierno, tiene la intención de lanzar un nuevo Plan
de vivienda 2002-2005 que intentará involucrar a las Comunidades
Autónomas en la solución de los problemas de vivienda
de los ciudadanos, y mejorar el sistema de ayudas mediante su simplificación
y su concentración en los ciudadanos más desfavorecidos.
Aparte de los resultados que se consigan a través de estas
acciones, el Gobierno considera necesario incorporar algunas acciones
adicionales que incidan directamente sobre la capacidad de las familias
para acceder a una vivienda digna, incrementando la oferta de VPO
y ajustando sus características a las diferentes necesidades
de las familias.
Medidas:
Dirigir la oferta de Viviendas de Protección Oficial a las
familias con menores niveles de ingresos. En respuesta a la demanda
existente de Viviendas de Protección Oficial, se incrementará
la oferta existente. También se procederá a una mejor
adecuación de sus características a las necesidades
de las familias.
Aumentar el tamaño de las Viviendas de Protección
Oficial para las familias numerosas y regular el cambio de vivienda
cuando varíen las circunstancias específicas de cada
familia. Esta medida garantizará que las familias numerosas
puedan acceder a viviendas protegidas con un tamaño más
acorde con sus necesidades. Se atenderán al mismo tiempo
los problemas de espacio o de adecuación de las viviendas
de las familias que cuenten con personas con discapacidad o personas
mayores.
Añadir el número de hijos como criterio preferencial
para optar a una Vivienda de Protección Oficial. Aparte de
incrementar el tamaño de las viviendas protegidas, es necesario
que los criterios de selección y adjudicación de las
mismas incluyan el mayor gasto absoluto en vivienda que corresponde
a una familia numerosa. Junto al nivel de ingresos, se tendrá
en cuenta el número de hijos a la hora de optar a una vivienda
protegida y se facilitará el cambio a una vivienda más
grande a las familias que aumenten su tamaño.
Buscar el compromiso de las Comunidades Autónomas para orientar
las políticas de vivienda desde una óptica de respeto
a la familia: a través de las Conferencias Sectoriales correspondientes,
el Estado buscará la mayor coordinación posible entre
las políticas de vivienda, urbanismo y suelo que desarrollen
las distintas Comunidades Autónomas.
5.- Favorecer el acceso de las familias a las nuevas tecnologías.
 La
promoción de una sociedad basada en el conocimiento es uno
de los objetivos esenciales para la sociedad española. Las
nuevas tecnologías plantean oportunidades importantes para
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias y para
la integración social de determinados colectivos como las
personas con discapacidad o en situación de exclusión
social.
Por este motivo, el Gobierno entiende que un plan dedicado a la
familia no podría dejar de lado todas las posibilidades que
estas nuevas herramientas ponen a disposición de las familias
y de la sociedad entera. De esta manera, se considera fundamental
seguir impulsando y favoreciendo el acceso de las familias a las
nuevas tecnologías y muy especialmente a aquellas que por
tener rentas más bajas o un mayor número de hijos,
podrían quedar al margen de esta nueva corriente de bienestar
y calidad de vida.
Este objetivo viene a recalcar alguna de las líneas que ya
han quedado recogidas en Plan INFOXXI.
En este sentido, el Plan plantea algunas medidas, encaminadas a
facilitar la conexión del mayor número de hogares
posible, tanto de las familias como de las instituciones educativas,
a las tecnologías más rápidas y eficaces a
través de las cuales podrán disfrutar de una amplísima
oferta de servicios telemáticos y contenidos audiovisuales.
Otro campo importante de actuación, que rompe una posible
desconfianza y desprotección de las familias al poner al
alcance de los menores este nuevo mundo de posibilidades, viene
por el lado de la creación de instrumentos legales, institucionales
y tecnológicos que permitan dar seguridad a la información,
y velar por la veracidad, legalidad y conveniencia de los contenidos.
Medidas:
Impulsar el programa "Internet para Todos", con especial
incidencia en el colectivo de jóvenes, amas de casa y personas
mayores. El objetivo de este programa es formar a un millón
de usuarios en el manejo básico de herramientas cotidianas
como el correo electrónico o la navegación por internet.
Impulsar la aplicación de la reducción del 40% de
la tarifa plana ADSL (Vía rápida de acceso a Internet)
para colegios y bibliotecas públicas. Con el fin de proceder
a la total y efectiva aplicación del programa a todos los
centros que lo demanden.
Mejorar la protección a la infancia. Esta medida se articula
a través de tres componentes:
Señalización y control de contenidos audiovisuales
y de Internet.
Etiquetado de todos los contenidos digitales. A través del
etiquetado de los contenidos el propio productor tendrá que
calificar el contenido de sus productos.
Establecimiento de filtros de los contenidos. En el contexto de
las recomendaciones realizadas por la Unión Europea relativas
a la protección de los usuarios ante contenidos ilegales
e inconvenientes en Internet, este Plan promoverá la realización
de campañas de difusión en el ámbito doméstico
y educativo de los sistemas de filtrado y protección.
Favorecer el acceso de las nuevas tecnologías a las nuevas
viviendas. Se está elaborando una normativa que obligue a
que las nuevas construcciones cuenten con infraestructuras que permitan
el acceso a los servicios que ofrece la sociedad de la información.
Desarrollo de la Comunidad Virtual Escolar. A través de
esta iniciativa, los colegios podrán aprovechar las enormes
posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías de la
información para ofrecer servicios a los alumnos y a los
padres. Junto a las ventajas que la creación de la Comunidad
Virtual ofrezca a los alumnos, los padres podrán participar
más activamente en el seguimiento del proceso formativo de
sus hijos.
Desarrollo de nuevas propuestas de Teleasistencia, destinada a
enfermos y mayores. Se trata de emplear las nuevas tecnologías
para mejorar las posibilidades de atención a personas necesitadas
de especiales cuidados, como los enfermos y los mayores.
6.- Revisión del derecho de familia.
El derecho de familia en España tiene el objetivo primordial
de proteger a la familia. La Constitución Española
consagra este principio en su artículo 39 al establecer que
"Los poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la familia. Los poderes
públicos aseguran, asimismo, la protección integral
de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su
filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil.
La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad
y en los demás casos en que legalmente proceda".
Desde hace años se viene realizando, como es notorio, la
mejora del Código Civil español. Entre las ya efectuadas,
varias han afectado directamente al derecho de familia, ya fuera
centrándose en una institución concreta - como lo
hizo la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, sobre la Adopción
-, ya fuera abarcando varias instituciones, como la Ley 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
pero todas ellas han respondido a una necesidad o demanda social
ampliamente manifestada.
En el momento actual son diversos los temas que son objeto de esa
preocupación social y que podrían aconsejar una renovación
de nuestro ordenamiento jurídico a fin de poder ofrecer la
respuesta demandada, en especial, en relación con las situaciones
generadas a raíz de la separación o el divorcio.
Medidas:
Garantizar el derecho de visita de los abuelos a sus nietos en
caso de divorcio o separación. La medida se materializa en
una modificación del Código Civil para garantizar
la comunicación, relación afectiva y en concreto el
derecho de visita de los abuelos con sus nietos en los supuestos
de separación y divorcio en línea con los estudios
realizados en el seno de la Comisión General de Codificación.
Tipificar como delito la sustracción de menores. Se estudia
la posible tipificación como delito específico e independiente
la sustracción de menores por alguno de sus progenitores,
tanto en los términos que ya están siendo analizados
en el Congreso de los Diputados como en el marco de la revisión
que está llevando a cabo la Comisión Técnica
de Reforma del Sistema de Penas.
Hacer frente al incumplimiento reiterado del régimen de
visitas de los hijos en los casos de separación o divorcio.
En concreto, se abordarán las consecuencias del incumplimiento
reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas
de los hijos por parte de los progenitores separados o divorciados
en el marco de la revisión que está llevando a cabo
la Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas.
Analizar, y en su caso, modificar el ejercicio de la patria potestad
en caso de separación o divorcio.
7.- Desarrollo de los servicios de orientación
y/o mediación familiar.
Desde el año 1981 en que se promulgó la ley que modificaba
la regulación del matrimonio y determinaba el procedimiento
a seguir en los casos de nulidad, separación y divorcio,
se ha ido registrando en España un aumento gradual y sostenido
de separaciones y divorcios.
Debe destacarse que en nuestro país se aprecia desde hace
pocos años un mayor número de casos de separaciones
y divorcios por mutuo acuerdo frente a los basados en causas legales,
lo que demuestra que va calando en la sociedad la necesidad de afrontar
los conflictos de pareja de una forma más negociada.
La solución pacífica surge como alternativa a la
paradoja de intentar resolver el conflicto con más conflicto.
Por ello, la mayoría de países occidentales se ha
ido dotando de recursos que mejoran la capacidad de las parejas
para la flexibilidad y la negociación en el momento crítico
de su ruptura. Entre los recursos de protección y apoyo a
la familia destacan los servicios de mediación familiar que
se orientan a que la experiencia de la ruptura matrimonial sea lo
menos traumática posible para todos los implicados y los
puntos de encuentro.
Se debe, pues, potenciar la implantación en todo el territorio
nacional de servicios de orientación y/o mediación
familiar, al objeto bien de reconducir la situación de conflicto
familiar y evitar la ruptura, bien de negociar de manera pacífica
los efectos de la ruptura cuando ésta ha sido decidida por
la pareja, siempre preservando el interés superior de los
menores afectados, incluyendo la problemática derivada del
cumplimiento del régimen de visita establecido tras la ruptura
de la pareja.
Medidas:
Promover programas en todas las Comunidades Autónomas que
incluyan:
Orientación familiar para ayudar a la solución de
los conflictos que se generen entre los miembros de familia (entre
cónyuges, padres e hijos, etc.)
Mediación familiar para la solución pacífica
de los conflictos que surgen en los procesos de ruptura matrimonial.
Puntos de encuentro familiar para el cumplimiento del régimen
de visita de los hijos tras la separación de la pareja, cuando
no pueda desarrollarse de forma autónoma.
8.- Apoyo a familias en situaciones especiales.
Determinados colectivos de familias se encuentran en situaciones
complejas y problemáticas que requieren una atención
especial. Dichas actuaciones deben ir encaminadas tanto a prever
y solucionar los conflictos, como a amortiguar los efectos negativos
que de ellas se deriven, e impedir que se deteriore aun más
su nivel de vida.
Se trata fundamentalmente de familias en situación de dificultad
social o riesgo de exclusión, de familias monoparentales
con hijos menores y aquéllas en cuyo seno se produzca violencia
familiar.
Actualmente la actuación que se realiza en relación
con este colectivo de familias se encauza fundamentalmente a través
del Sistema Público de Servicios Sociales. Otra vía
de actuación importante consiste en la financiación
de proyectos de ONGs, centrados en la atención y prevención
de situaciones de dificultad social o exclusión social.
Aparte del fortalecimiento de las políticas que se encuentran
ya en funcionamiento, el Plan se propone actuar preferentemente
en la línea de asegurar la inserción social de los
miembros de las familias con especial riesgo de exclusión
social, mediante la promoción de su actividad laboral y el
desarrollo de nuevos programas de apoyo. Dichas iniciativas se realizarán
en coordinación con las acciones previstas en el Plan Nacional
para la Inclusión Social del Reino de España y en
la estrategia europea en la que se enmarca.
Medidas:
Mejorar las pensiones de viudedad y orfandad. En el marco del Acuerdo
para la mejora y el desarrollo del sistema de protección
social, recientemente aprobado, este Plan prevé impulsar
el incremento de las prestaciones sociales para este colectivo,
incluyendo las pensiones del SOVI.
Promover la inserción social facilitando el acceso al mercado
laboral. Con el objeto de favorecer la integración en el
mercado de trabajo de los desempleados de larga duración
que tengan cargas familiares, un nivel socioeconómico escaso
o que pertenezcan a familias en situaciones especiales (monoparentales,
inmigrantes, víctimas de violencia, etc.).
Llevar a cabo programas de educación familiar y atención
de familias desfavorecidas y en situación de riesgo, que
incluyan actuaciones tanto socio-educativas como de intervención
social para familias que viven en zonas y barrios desfavorecidos.
Desarrollar programas de apoyo a familias monoparentales (un solo
progenitor con hijos menores de 18 años) en situación
de dificultad social, incluyendo actuaciones dirigidas a que estas
familias cuenten con los apoyos necesarios para hacer frente a su
especial problemática.
9.- Fomento de la participación social y el acceso
a la cultura de las familias.
La familia juega un papel fundamental como ámbito de formación
y promoción cultural de la persona, e indirectamente, de
toda la sociedad. Normalmente es en la familia donde se aprenden
las cuestiones más importantes y donde se desarrollan buena
parte de las aptitudes sociales, culturales y artísticas
de los individuos. Cuidar el nivel cultural de los hogares equivale
indirectamente a cuidar la cultura de una sociedad. Es por ello
que el Gobierno quiere facilitar el acceso de las familias españolas
a los bienes y servicios culturales tanto de carácter público
como privado, abriendo nuevos cauces de integración de la
familia en la vida cultural de nuestro país, y creando mecanismos
que ajusten el coste de la cultura a las circunstancias de tamaño
y nivel económico de las familias.
Asimismo, se considera necesario impulsar desde la Administración
Pública todo el potencial de actuación que las familias
españolas podrían desarrollar tanto en su propio beneficio
como en el de múltiples cuestiones de ámbito público.
Por un lado, se considera necesario fomentar y apoyar las iniciativas
de carácter asociativo o cooperativo que redunde en beneficio
de las familias o de la sociedad. Por otro lado, las distintas Administraciones
Públicas deberán crear nuevos cauces para que las
ONGs que ya actúan en servicio de las familias, puedan manifestar
sus preocupaciones y defender sus intereses, así como recibir
información de las medidas y actuaciones que se vayan estableciendo
en materia de política familiar.
La política familiar tiene carácter transversal y
por tanto afecta a los distintos Ministerios de forma que en el
ámbito de sus competencias deben orientar sus acciones a
apoyar a las familias. Se hace por ello conveniente, contar con
foros de encuentro desde donde se impulsen y coordinen estas políticas
y se efectúe el seguimiento y la evaluación de las
mismas. Igualmente en el marco del diálogo con las ONGs hay
que incluir expresamente la política familiar como una de
las cuestiones prioritarias para el Gobierno y la sociedad española.
También es necesario mejorar el conocimiento de la situación
de la familia y de su evolución con el fin de ir adaptando
la política familiar a su evolución y necesidades.
Medidas:
Facilitar el acceso de la familia a los bienes y servicios culturales
de carácter público. Con esta medida, no sólo
se pretende abaratar el acceso de las familias numerosas a los bienes
culturales públicos, sino también motivar decisiones
similares en el ámbito cultural de gestión privada.
En concreto, las medidas que se tomarán serán las
siguientes:
Promover descuentos en museos nacionales para familias de tres
o más hijos.
Promover descuentos a familias de tres o más hijos que acudan
a representaciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música.
Incorporación de programas específicos para público
de carácter familiar en las unidades del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.
Desarrollar convenios específicos con asociaciones de familias
para facilitar el acceso a actividades culturales.
Creación de un grupo de trabajo específico sobre
la familia dentro del Consejo Estatal de las ONGs.
Emplear la Comisión Interministerial Técnica sobre
Familia como espacio de encuentro y foro de coordinación
de las distintas iniciativas que pudiendo afectar a la familia vayan
a ser adoptadas por los distintos Ministerios. También se
le atribuirá la responsabilidad del seguimiento del Plan
y el debate de nuevas propuestas.
Facilitar apoyo financiero y asesoramiento técnico a las
ONGs que trabajan a favor de la familia a través de las distintas
convocatorias de subvenciones.
Impulsar la publicación de estadísticas e investigaciones
científicas sobre la situación familiar. Esta medida
se concretará en la mejora y mayor aprovechamiento de los
censos de población y de la nueva encuesta sobre condiciones
de vida, así como con un mayor apoyo a las investigaciones
que aborden los distintos ámbitos que afectan a la familia.
Crear una página web que contenga información sobre
las ayudas a las familias y permita recoger las sugerencias de las
mismas.
10.- Nueva ley de protección a las familias numerosas.
La protección social a las familias numerosas está
regulada por la Ley 25/71, de 19 de Junio, de Protección
a las Familias Numerosas, que si bien ha venido siendo objeto de
modificaciones, no se ajusta a la realidad social y económica
de nuestros días. Por otra parte, por tratarse de una norma
preconstitucional, muchos conceptos han quedado obsoletos y los
beneficios en su mayor parte han caído en desuso, no correspondiéndose
con la actual organización del Estado donde el ámbito
de competencias de las distintas Administraciones Públicas
es distinto a la época en que se promulgó dicha Ley.
Medidas:
Elaborar una nueva Ley de Protección a las Familias Numerosas
teniendo en cuenta las conclusiones de la ponencia constituida en
el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del
Senado con el fin de analizar la situación de las familias
numerosas en España.
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IV. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Cuando se pone en marcha un Plan es necesario diseñar un
mecanismo que permita seguir y evaluar el cumplimiento de los objetivos
previstos, así como la consecución y efectividad de
las medidas realizadas.
Todavía está más justificada esta evaluación
cuando muchas de las acciones deben ser llevadas a cabo mediante
la colaboración de los diferentes niveles de las Administraciones
Públicas y contando, en numerosos casos, con la participación
de ONGs y de los agentes sociales. Además, muchas de las
medidas se financiarán con cargo a fondos públicos
y su puesta en marcha abarca un horizonte temporal de varios años
(2001-2004).
Por ello, está previsto una evaluación y seguimiento
del Plan Integral de apoyo a la familia en el marco de la Comisión
Interministerial Técnica sobre Familia, a través de
los siguientes mecanismos:
1. En el primer trimestre de cada año se elaborará
una memoria de seguimiento sobre las acciones iniciadas o realizadas
en el año anterior. En ella se detallarán las actuaciones
previstas que se han puesto en marcha y en que nivel de desarrollo
se encuentren. Por otro lado también se incluirán
balances sobre los recursos utilizados en apoyo de las acciones
y de ser posible el número de beneficiarios de las mismas.
2. Al finalizar el periodo de vigencia dichas memorias de seguimiento
se integrarán en una única memoria de evaluación
final, donde además de recoger las acciones realizadas, se
hará una valoración de los resultados obtenidos respecto
a los objetivos señalados en el Plan.
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Notas:
[1] Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de
1998 (INE)
[2] Encuesta de Fecundidad 1999 (INE). Sin embargo, datos provisionales
más recientes señalan un repunte hasta 1,19 hijos
por mujer en edad fértil.
[3] Del total de núcleos familiares con hijos, un 37’91%
tienen un único hijo, un 38’09% tienen dos hijos y
un 24% cuentan con tres o más hijos.
[4] Las de 15 a 19 años declaran que 1’68; las de
20 a 24 dicen desear 1’8 hijos; 1’79 es lo señalado
por las de 25 a 29 años y 1’74 por las de 30 a 34.
[5] Estudio CIS sobre Hijos y Parejas, marzo 1998.
[6] Estudio “Flexibilidad, elección y estilos de vida
familiar” dirigido por Inés Alberdi. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.
[7] Fuente: Encuesta “Flexibilidad, elección y estilos
de vida familiar”, 2000. De la investigación dirigida
por Inés Alberdi. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2000.
[8] La misma tendencia ocurre con la población de 80 o más
años (actualmente, 3’5%; para 2010, cerca de un 5%;
para 2025, casi un 6% y para 2040, 8%).
[9] La tasa de actividad de las mujeres españolas ha pasado
de un 34’55% en el segundo trimestre de 1993 a un 39’72%
en el segundo trimestre de 2001; es decir, se ha incrementado en
5’17 puntos. En términos de tasa de ocupación,
las mujeres ocupadas representaban un 24’68% en el segundo
trimestre de 1993, mientras que en igual trimestre de 2001 suponen
un 32’21% (7’53 puntos de incremento). Se trata de un
incremento superior al registrado en los hombres que ha sido de
5’81 puntos. En términos absolutos, el número
de mujeres ocupadas se ha incrementado en dicho periodo en 1.510.790.
[10] La tasa de actividad media de la Unión Europea (datos
Eurostat 2000, población 15-64 años) de las mujeres
se sitúa en el 59’9% frente al 50’8% de España,
con una diferencia por tanto de 9’1 puntos, mientras que en
el caso de los hombres esta diferencia es de sólo 0’7
puntos (78’1% Unión Europea frente a 77,4% España).
Igualmente la tasa de empleo presenta una diferencia sustancial,
ya que mientras que en el caso de las mujeres la diferencia oscila
entre el 59% en la Unión Europea y el 40’3% en España
(13’7 puntos), en el caso de los hombres esta diferencia es
de sólo 2’6 puntos (72’5% Unión Europea
frente a 69’9% España).
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La
promoción y desarrollo pleno de todas las personas y grupos
dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar
social y mejor calidad de vida, en el entorno de la convivencia.